Concretamente son los Juzgados de Paz de esa comunidad los que están soportando una situación económica que está llevando a muchos secretarios y jueces dependiente de dichos juzgados a plantearse dimitir. La adminsitración Valenciana adeuda nada menos que año y medio a estas personas.
Si ya es corta la compensación que reciben por el despeño de su cargo (entre 550 euros y 1800 euros anuales), en muchos dichos juzgados son esos mismos servidores públicos los que pagan de su mismo bolsillo los sellos de correo para la remisión de los certificados que han de remitir por correos.
Esta situación ha probocado que en muchas localidades en las que existen este tipo de juzgados estén exigiendo que el solicitante remita un sobre prefranqueado para hacerle llegar el certificado de nacimiento, matrimonio o defunción que haya solicitado, lo que además puede poner en problemas a más de un juzgado ya que esta actuación no está amparada legalmente.
De la misma forma a modo de protesta un buen número de funcionarios afectados está tomando la determinación de ralentizar los asunto e incluso devolver exohortos sin cumplimentar, dándose la circunstancia que incluso a un funcionario se le han incoado diligencias previas por estos hechos.
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Los envíos nacionales contratados como Urgentes llevan código de seguimiento en correos.