Lo cierto es que la reforma emprendida por el Ministerio de Justicia en aras de privatizar el servicio prestado por el registro civil está consiguiendo aunar las críticas de todos los operadores jurídicos del sistema. A nadie deja indiferente esta reforma, y ahora desde el colectivo que tendrá que hacerse cargo de los registros nos llegan las críticas más duras.
Más de 300 registradores se han movilizado para forzar una asamblea nacional de este colectivo para discutir los planes del Gobiernos de hacerlos responsables de la gestión de este servicio que se presta actualmente de forma gratuita a la ciudadanía.
Y es que aunque las cosas están mal para aquellos que dependen fundamentalmente de las empresas, peor esperan que se pongan en el momento en el que les obliguen a hacerse cargo de un sistema registral en el que habrán de invertir una auténtica fortuna para hecharlo a andar, siendo de una rentabilidad desconocida, por cuanto hasta ahora el gobierno no ha desvelado como se va a retribuir este servicio obligatorio.
El hecho de tener que desarrollar e implementar una sistema informático nuevo, complejo y desde cero, unido al coste de la digitalización de los datos (aunque en parte están digitalizado, falta al menso un 60% de datos pendientes de procesar), la amplización de infraestructuras (nuevas dependencias, equipos informáticos, personal), y la incertidumbre de recuperar la inversión han despertado arduas críticas en un sector tradicionalmente bastante unido.
La reunión de los registradores tendrá lugar en 16 y 18 de abril en Zaragoza y a ella están convocados la totalidad del Colegio. Veremos a que conclusiones llegan.
45 años a su servicio
Los envíos nacionales contratados como Urgentes llevan código de seguimiento en correos.